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El Docente Opina

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Manizales: Fábrica de atardeceres

Contaba mi padre que como consecuencia del magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en abril 9 de 1948, se desató una persecución implacable de la oligarquía colombiana conservadora en contra de los liberales. Los actos violentos iniciaron en Bogotá y pronto se trasladaron al campo. El Valle fue uno de los escenarios escogidos por estos mercenarios y de la Argelia, refugio de su joven hogar donde era propietario de una pequeña parcela de la cual derivaba su sustento, fue desalojado y desplazado. Los cadáveres de los vecinos eran arrojados al patio como una clara advertencia.

Sostenía también que este acto despiadado fue patrocinado por la clase dominante, contó con la complacencia del gobierno de la época y despertó la rabia y reacción de los labriegos, quienes, al entender que las soluciones políticas habían colapsado, se alzaron en armas para dar origen a las primeras columnas guerrilleras. Durante los últimos sesenta y siete años han sido muchos los grupos al margen de la ley que se han establecido, algunos desmovilizados, mientras que muchos otros han renunciado a sus principios y se han fortalecido financieramente con los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la expropiación de las tierras y la corrupción.

La demanda orbital de la cocaína, que inunda las calles de los Estados Unidos y Europa, y el surgimiento inusitado de los carteles de la droga convirtió a Colombia en uno de los principales proveedores del alcaloide. Esto aceleró las plantaciones de coca —bastante rentable y creciente como maleza en cualquier terreno sin importar la época del año— y la producción de su pasta, materia prima de este cianuro de la posmodernidad. El producto terminado se comercializa en nuestras ciudades ante la mirada impotente de las autoridades, que siempre pierden la pelea, y la desgracia de las familias. Los jíbaros hacen presencia en las puertas de las instituciones educativas con los revendedores y consumidores finales dentro de las mismas.

Un malentendido de los campesinos al mensaje enviado por el gobierno de Juan Manuel Santos, relacionado con estímulos económicos para quienes optaran por renunciar a los cultivos ilícitos, produjo el efecto adverso; la siembra de coca se disparó, aparecieron nuevos cultivadores y los ya existentes extendieron sus dominios. De inmediato se hizo evidente una consecuencia indeseable: aumentó el cultivo de la hoja de coca y el subsiguiente proceso de producción de pasta, se fortalecieron los carteles y la comercialización de drogas, aumentó el consumo y el número de adictos, se incrementó el microtráfico, la violencia y los homicidios, que hoy cobran la vida de líderes interesados en pasar esta amarga página de la historia de las regiones más desamparadas y alejadas del país.

Larga es la lista de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y docentes que han sido aniquilados por pensar y actuar diferente, por animar proyectos tendientes a cambiar de actitud a sus pobladores y por hacer florecer la esperanza en medio de un ambiente increíblemente hostil, alimentado por una problemática que no da tregua en una tierra desgarrada y destruida por un ejército que aterroriza a las comunidades y que se niega a enarbolar las banderas de la reconciliación. La situación es tan deprimente que los labriegos y sus familias prefieren quedar en manos de un solo opresor y los menores deciden incorporarse, voluntariamente, a las bandas criminales para luego ser obligados a empuñar un fusil en sus inocentes manos; este último fenómeno le ha dado vida al envejecimiento del campo, pues los jóvenes entre catorce y dieciocho años de edad —dos millones seiscientos mil— le huyen al miedo y emigran a las ciudades en busca de nuevas oportunidades.

Para hacerle frente a este flagelo que deja nuevos mártires, quienes en otros países serían considerados como héroes, es necesario construir Estado en estas apartadas regiones, llevando educación, salud, empleo, vivienda, seguridad y estímulos a proyectos productivos con nuevas vías para su comercialización. Además, se debe convocar a los organismos internacionales como la ONU, para que como garante de los empresarios asegure su compra con precios justos y sostenibles. Sólo así se motivará una erradicación voluntaria de estos cultivos ilícitos y retornará la anhelada paz a estas desamparadas regiones del país. Infortunadamente, nuestra historia se repite y los vientos de cambio tienen el mismo estatuto ontológico de la ilusión.

“UNA NUEVA GENERACIÓN EN EL GOBIERNO”

Una serie de errores de los otros candidatos y de sus partidos políticos fueron bien aprovechados por el Centro Democrático para entregarle a Iván Duque la Presidencia de la República a partir del 7 de agosto. Nuestro próximo mandatario, de origen liberal, desconocido meses antes de la contienda electoral, sin una amplia trayectoria política, con poca experiencia en los asuntos del Estado, se acercó a Álvaro Uribe, se ganó su corazón, se convirtió en su pupilo preferido y obtuvo la votación más alta en la historia electoral del país: una cifra superior a los diez millones trescientos mil sufragios.

Germán Vargas Lleras ignoró el talento de Iván Duque, se equivocó al pensar que Uribe no tendría otra alternativa diferente que apoyarlo, caminó hacia la derecha, se convirtió en un severo crítico del proceso de paz, se embarcó en la difícil tarea de ser al mismo tiempo líder de opinión y vocero de las maquinarias, y quedó tendido en la arena. Sergio Fajardo, por su parte, tuvo todo para ganar con una propuesta de centro que Colombia necesita, y aferrado a las encuestas tempraneras que lo favorecían, rechazó las alianzas con quienes pudieron haberlo conducido, con sus votos, a la segunda vuelta, mientras el expresidente César Gaviria, con una actitud antipatriótica, al darle la espalda a Humberto de la Calle, le puso un clavo más al ataúd del partido liberal.

En la segunda vuelta todo jugó a favor del Centro Democrático. Para ganar, únicamente se requería no ser Petro, de modo que el candidato de la izquierda como contendor, fue lo mejor que pudo haberle pasado a la ultraderecha colombiana. Sin alianzas ni debates obtuvo el triunfo —incluso muchos antiuribistas votaron en silencio apoyados en un temor infundado sobre el castrochavismo y la venezolanización de Colombia— y las talentosas campañas alimentadas por la difamación, la mentira, el odio y la polarización funcionaron a la perfección y terminaron por doblegar a los incautos e inocentes sufragantes.

Sin embargo el panorama es alentador. En un mundo globalizado y de permanentes amenazas contra la democracia, Colombia llevó a cabo uno de los procesos electorales más ricos en toda su vida como nación: la abstención que superaba el sesenta por ciento, la violencia que incluso cobró la vida de tres candidatos a la presidencia, los métodos fraudulentos en el manejo del sufragio y el discurso trasnochado de la vieja izquierda, quedaron atrás y se sumarán a los momentos más oscuros en la historia de nuestro país. Por otro lado, esta contienda quedó marcada por el papel protagónico de los nuevos mecanismos de comunicación digital, por la pérdida de poder de las maquinarias que han dominado la realidad política y por la presencia de una nueva fuerza alternativa que, sin los recursos  tradicionalmente en manos de las grandes colectividades partidistas, movilizó a electores más libres, espontáneos y comprometidos con la nación.

Ahora hay una nueva realidad y nunca antes se había registrado una confrontación tan profunda entre dos modelos ideológicos y políticos; en esta dirección, ocho millones de colombianos dijeron “no” a los métodos tradicionales e inequitativos de gobernar, pasaron una dura cuenta de cobro a la oligarquía y con su voto reclaman cambios profundos en las políticas sociales y económicas de Estado.

El nuevo mandatario debe entender que no llegó a este cargo por los métodos convencionales; ahora cuenta con un fuerte control político no solo de los ciudadanos que optaron por el voto libre y de opinión, sino también de los representantes de la izquierda y del centro en el poder legislativo. Esta herramienta de la democracia se oficializó con el Estatuto de la Oposición, sancionado por el presidente Juan Manuel Santos el 9 de julio y que autoriza a los opositores a hacer presencia en el Congreso a través de una coalición, les da derechos para acceder a los medios de comunicación en igualdad de condiciones y asigna financiación propia a esta forma de gobierno.

Obediente a la Constitución Política, el presidente electo Iván Duque está llamado a gobernar con independencia, considerar la oposición como alternativa de gobierno al establecer canales de comunicación cordiales y productivos con sus representantes, y acudir a su mentor para ser consultado y no para ser obedecido. Así habrá entendido el mensaje y el llamado del pueblo colombiano

ORLANDO SALGADO RAMÍREZ

DOCENTE

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¿COLOMBIA LA MÁS EDUCADA?

La orden dada por el Gobierno Nacional a las instituciones públicas y privadas de todo el país de hacer efectiva la tercera versión del Día de la Excelencia Educativa —denominada “Día E”— coincide con la convocatoria de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a un paro nacional que dejó por fuera de las aulas a ocho millones de niños y adolescentes y llevó a las calles a más de trescientos mil docentes estatales a protestar en contra de las políticas sociales y económicas que golpean a los maestros de todo el país.

El “Día E” es una jornada pedagógica, con receso estudiantil, en la que los docentes, administrativos, representantes de padres de familia y estudiantes, liderados por el rector, analizan los resultados académicos del año anterior y definen planes de mejoramiento con el propósito de fortalecer la calidad de la educación en cada uno de los establecimientos. Para realizar esta jornada, cada institución recibe la nota a través del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), un instrumento mal concebido porque insiste en darle protagonismo a las Pruebas Saber con una participación del 80% en una escala de uno a diez. Por su historia, este tipo de pruebas son injustas, generan una competencia desleal entre los establecimientos, son excluyentes, benefician a un pequeño número de egresados y limitan la capacidad del pensamiento, de suerte que en este nuevo formato el criterio de evaluación de la calidad de la educación solamente cambia de nombre.

La discusión sobre un justo incremento salarial para la clase trabajadora del país, entorpecida por sindicatos patronales minoritarios, arrancó del Gobierno la expresión “NO HAY RECURSOS”, que fue el detonante para que el magisterio en pleno decidiera suspender las labores académicas; además, confirma la actitud de un estado corrupto que debilita la economía del país, la cual es incalculable en riqueza natural: su posición estratégica en el globo terrestre lo privilegia con dos océanos; su variada topografía, con grandes extensiones de tierra sin explotar, le regala todos los climas y, con ellos, un extenso espectro en productos agrícolas; del subsuelo brota, mágicamente, oro, esmeraldas, petróleo, carbón y gas.

Los juicios equivocados de muchos ciudadanos evidencian no solo que su interpretación de la realidad es acomodada, sino también un profundo desconocimiento de la problemática que se vive en las entrañas de la educación pública. Al parecer, solo están interesados en que la escuela sea un lugar donde guardar a sus hijos y liberarse así de las responsabilidades que como progenitores les corresponde. Por el contrario, el magisterio colombiano tiene argumentos válidos que lo faculta para reclamar sus derechos haciendo uso de la movilización. Tales argumentos se centran, por un lado, en la exigencia para negociar el pliego de peticiones, y por el otro, en el incumpliendo de los acuerdos firmados. Y son los siguientes:

Jornada única. Para su implementación, el Gobierno debe garantizar ambientes óptimos de aprendizaje, liderados  por docentes titulares competentes y justamente remunerados, donde la relación entre los alumnos y los maestros sea humanizante. Por lo tanto, hay que evitar el hacinamiento en las aulas de clase, tener una infraestructura adecuada y una alimentación balanceada para los restaurantes escolares, que desgraciadamente han sido salpicados por los carteles de la contratación.

Dignificación de la profesión docente. Las condiciones de los maestros deben ser favorables para la formación y la profesionalización, de suerte que deben contar con becas, créditos blandos y reconocimiento de tiempo. Además, sus procesos de evaluación diagnóstica formativa han de ser transparentes y accesibles para el ascenso en el escalafón, de modo que hay que estimularlos y mejorarles sus condiciones de vida. Esto implica, necesariamente, unos servicios de salud de calidad, oportunos y eficaces.

Rediseño de “Ser Pilo Paga”. Para ser justos, este programa, aunque ha beneficiado a algunas familias, está desmantelando la universidad pública, puesto que los recursos destinados a docencia, investigación e infraestructura se están desviando a las universidades privadas.

Este paro estatal del magisterio que, en síntesis, reclama reglas de juego equitativas, sin favoritismos ni discriminación, hizo metástasis y ha convocado a otros actores sindicales, así como a varias ciudades que exigen la presencia del Estado. El presidente Juan Manuel Santos se encuentra en el ojo del huracán, su eslogan de gobierno “Paz, Equidad y Educación” es la antítesis de la realidad que vive el pueblo colombiano y su premio Nobel de Paz es una deshonra a las sanas intenciones de Alfred Nobel, su creador.

ORLANDO SALGADO RAMÍREZ

DOCENTE